Una respuesta más reparadora para la víctima: Conclusiones del Congreso de Mediación Penal celebrado en Vigo

Una respuesta más reparadora para la víctima: Conclusiones del Congreso de Mediación Penal celebrado en Vigo.

Los pasados 9 y 10 de noviembre tuvo lugar en Vigo el I CONGRESO DE MEDIACIÓN PENAL organizado por la Asociación Española de Justicia Terapéutica con el principal objetivo de realizar un estudio sistemático y crítico de la mediación penal, que se enfoca en el impacto que puede producir en la víctima del delito.

Congreso Mediacion Penal

Acto de inauguración del I Congreso de Mediación Penal celebrado en Vigo

Luis Aurelio González, magistrado de Familia en Madrid y presidente del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, Ignacio Subijana, presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, y Juan Carlos Aladro, fiscal jefe de Pontevedra, fueron algunos de los principados participantes como expertos en mediación.

Los organizadores nos hacen llegar las conclusiones que surgen de los dos días de debate que propuso el congreso y que reproducimos de forma íntegra:

CONCLUSIONES I CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE JUSTICIA TERAPÉUTICA. 
MEDIACIÓN PENAL: HACIA UNA RESPUESTA MÁS REPARADORA PARA LA VÍCTIMA

1. El fin general de la recién creada Asociación Española de Justicia Terapéutica será el impulso en España de la difusión de los principios propios de la Justicia Terapéutica entre científicos, docentes, profesionales, operadores jurídicos y la sociedad en general, así como la promoción de sus procedimientos y prácticas.

2. La justicia terapéutica se concreta en la humanización de las leyes y su aplicación.

3. Siendo la humanización de la justicia una parte esencial de la TJ, la mediación penal es también Justicia Terapéutica en cuanto trata de evitar los efectos perjudiciales que el proceso penal puede producir en las personas que tienen una directa implicación en el mismo (víctima y acusado).

4. La mediación conlleva ventajas para el sistema penal pues minimiza costes y burocracia y obtiene resultados beneficiosos tanto para la víctima como para el infractor. A la víctima se le asegura su derecho a la verdad y a ser escuchada, a explicar sus sentimientos, recuperar su tranquilidad, ser atendida en cualesquier otra necesidad que el proceso judicial no le va a aportar y ser reparada en la medida y forma que resulte más ajustada a sus necesidades personales; al infractor le ayuda a responsabilizarse, reflexionar sobre su comportamiento y se posibilita la atención de necesidades hasta ese momento no cubiertas además de redundar en la disminución de la reincidencia.

5. La mediación reporta también un importante beneficio para la sociedad en su conjunto al promover en víctimas y victimarios la percepción y el sentimiento de justicia, a la vez que genera confianza en el sistema legal. 

6. La mediación penal se sostiene en el mediador. De su profesionalidad, formación específica y responsabilidad dependen el presente y futuro de la mediación. Por ello se hace necesario el trabajo organizado y con Equipos Multidisciplinares para aportar una mayor calidad al procedimiento.

7. El mediador debe contar con una formación específica en mediación penal para poder detectar y abordar los mayores problemas y riesgos que conlleva un procedimiento de mediación penal. 

8. Para un adecuado funcionamiento de la mediación penal es necesaria la coordinación entre juzgados, operadores jurídicos y mediadores. Asimismo, será imprescindible una colaboración estrecha entre el mediador y los letrados a lo largo de todo el procedimiento de mediación. Se hace necesaria, además, una adecuada formación de los operadores jurídicos intervinientes en la mediación para una correcta derivación del caso, un escrupuloso respeto al espacio de mediación y una adecuada gestión procesal del acuerdo restaurativo.

9. De acuerdo con la normativa vigente (art. 12 Directiva 2012/29 UE), los Estados tienen obligación de garantizar servicios de justicia reparadora seguros y competentes y facilitar la derivación de casos. Para ello es absolutamente necesario el desarrollo de políticas públicas que abarquen tanto el apoyo económico como estratégico al desarrollo de estos servicios.